La Primera Mancha del Congreso Peruano

Por: Gonzalo Manuel Ballón Valdivia

La currícula educativa en el Perú, se caracteriza por tratar de manera significativa la historia del país. Las culturas pre incas, el imperio del Tahuantinsuyo, la etapa virreinal y los procesos independentistas, son los contenidos que se repiten en los distintos años escolares. Pero existe una etapa de la historia no muy explotada en nuestras escuelas y que está relacionada con la construcción del Perú como República.

Al revisar los trabajos de algunos clásicos historiadores, no puede dejar de llamar la atención distintos hechos anecdóticos referidos a nuestro Congreso Nacional. Si en la actualidad nos llama la atención personajes con apelativos como: “lava pies”, “plancha camisas”, “come pollo”, o el recordado grupo de “Padres de la Patria” que se juntaron en Brasil para disfrutar de un día de fiesta y alcohol, los hechos vergonzosos no se limitan a los parlamentarios contemporáneos.

Antes de la independencia, cuando se empezaba a avizorar cuál sería la mejor forma de construir un país libre de España, reinaban tres posiciones: las miradas conservadoras y las monárquicas, que dominaban el plano político sobre una minoritaria corriente independentista. Con la llegada de San Martín, se instaló una mirada conciliadora, que proponía una monarquía constitucional.

La idea de nuestro Libertador, era buscar un príncipe de algún país europeo, principalmente francés, para que pueda encabezar el gobierno del Perú. Esta propuesta no fue bien vista por la monarquía y el ejército español, por lo que José de San Martín entró al Perú y declaró su independencia.

Por decreto firmado el 3 de agosto de 1821, José de San Martín asumió como: “Protector de la Libertad del Perú”. Una de las primeras decisiones que tomó, fue convocar, el 27 de diciembre del mismo año, a la primera convocatoria a la ciudadanía para la elección de 79 diputados y 38 suplentes.

Estos representantes estaban distribuidos en: Trujillo (15), Cusco (14), Arequipa (9), Lima (8), Huaylas (8), Puno (6), Tarma (6), Huancavelica (3) La Costa (2) y Maynas (1). La primera asamblea del Congreso Nacional, se realizó el 20 de setiembre de 1822, donde asistieron 51 de los 79 congresistas elegidos. Después de escuchar misa, juraron respetar a la religión católica, como propia del Estado.

Lo llamativo fue que solo eligieron representantes en Trujillo, Lima, Tarma, Huaylas y La Costa, porque los demás departamentos estaban ocupados por el ejército español. A consecuencia de esta dificultad, decidieron que los pobladores originarios de estos lugares que vivieran en Lima, serían los que elegirían a los parlamentarios de sus lugares de nacimiento.

Fue ahí donde la primera mancha del Congreso del Perú apareció en la persona del abogado y político peruano, Manuel Antonio Colmenares. Huancavelica era uno de los lugares que estaba en dominio español y que no contaba con muchos pobladores viviendo en Lima. La mal llamada criollada peruana, llevó a Colmenares a dirigirse al mercado y reclutar a 9 personas que trabajaban cargando bultos.

Después de ofrecerles una pequeña retribución, les facilitó documentos a cada uno de estos 9 trabajadores y los llevó a sufragar. Con los votos de estos ciudadanos, convertidos sobre la hora en huancavelicanos, Manuel Antonio Colmenares, fue elegido parlamentario en nuestro primer Congreso Nacional y hasta se convirtió en uno de los firmantes de nuestra Acta de Independencia.

Si bien estos hechos ponen de manifiesto el endeble sistema democrático que se vivió en los primeros años de la República del Perú, nos hablan también de una necesidad constante para evitar, no solo el incorrecto ingreso de personajes reprochables, sino la existencia de un constante seguimiento del accionar de nuestros representantes.

Podemos concluir que la sumatoria de los “come pollos, “mata perros”, “roba luz”, “roba agua”, del sr. Manuel Antonio Colmenares y muchos otros personajes que abundan nuestra conflictiva historia, fácilmente podrían incluirse en una maratónica serie de varias temporadas, en alguna conocida plataforma digital. Estoy seguro que sería un éxito y que a más de uno nos sorprenderían las historias que descubriríamos.

Gonzalo Manuel Ballón
Periodista y Docente en Comunicación Social

Crónica de una pandemia

Por: Gonzalo Manuel Ballón Valdivia

Viendo los noticieros matutinos del Perú, me llamó la atención la presencia del conocido cómico popular, José Luis Ramos, “Cachay”, pidiendo que una clínica privada atienda a su hermano que padece de Coronavirus. Según me informaron algunos conocidos que viven en ese país, los hospitales públicos están abarrotados. La única posibilidad que tiene la gente es acudir a una de las clínicas privadas.

Pero el reclamo de este cómico era bastante lógico. Su hermano necesitaba de asistencia médica de urgencia, pero para que la clínica lo acepte, deben de pagar 55 mil soles. ¡Un millón y medio de pesos argentinos! Para muchos, una pequeña fortuna. Paralelamente, los diarios matutinos de Argentina, informaban que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue dado de alta de la misma enfermedad que padece el hermano del cómico “Cachay”.

Este intendente, perteneciente a una casta política que se caracteriza, entre otras cosas, por tener una importante fortuna, no realizó su tratamiento en una opulenta clínica privada, sino en un hospital público. El Hospital de Lavallol, “Dr. Norberto Piacentini”, que fue reinaugurado en septiembre de 2019 y que la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, prefería que se privatice, acogió al intendente durante su recuperación.

Ahora bien, el intendente Insaurralde no acudió a un hospital público porque sea un político con características populares, nada más alejado de la realidad, sino que, a pesar de los visibles problemas, la salud pública en Argentina le brinda la posibilidad de recibir un tratamiento tan complejo. Es decir, el mismo sistema de salud que atendió a un político acaudalado, está disponible para cualquier ciudadano que vive en Argentina, sin discriminar si tiene o no dinero o si nació en este país. Para muchos una tremenda “utopía”.

¿Cómo explicar esta diferencia en tiempos similares? Sería muy extenso hacer un análisis sobre procesos políticos, sociales y culturales entre estos dos países, pero intentaremos plasmar un dato objetivo que refleje la importancia que se le da a la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que cada país asigne como mínimo el 6% de su PBI. Argentina sobrepasa esa recomendación e invierte un 9,8% de su PBI, mientras el Perú invierte escasos 2,2%.  

La Decana Nacional del Colegio de Médicos del Perú, Liliana Cabani, aseguró que para lograr la meta de “salud universal”, es necesario un incremento en la inversión estatal sobre salud pública. Afirma que, entre las diferentes promesas realizadas por los distintos sectores políticos del Perú, el tema del incremento de inversión en salud pública, es siempre una de las más repetidas. Lamentablemente, esto nunca se ve y los pequeños aumentos de recursos no alcanzan ni para satisfacer las nuevas necesidades que aparecen durante esta pandemia.

Recordemos que antes de esta pandemia, cuando los médicos salieron a las calles a exigir mejores condiciones en el sistema de salud, muchos medios de comunicación catalogaron como “actitudes terroristas” a esas manifestaciones. Esta pandemia puso al descubierto lo peligroso que es dejar la salud de un país en manos del sector privado. Hablar de inversión pública no es sinónimo de botín. La responsabilidad que tiene el Estado con los ciudadanos, no es sinónimo, del mal llamado, “populismo”.

  

Gonzalo Manuel Ballón.
Periodista y Docente en Comunicación Social

El derecho positivo como brazo derecho del neoliberalismo

Por Luis David Fernández.

Desde hace varias semanas, anduve repensando en torno al impacto del idealismo filosófico dentro de la reproducción de los medios de producción de un estado burgués y fundamentalmente cómo se articula sofisticadamente en algunos pilares estructurales y funcionales que evitan su derrumbe.
Debo de confesar que me fue imposible no rememorar su permeabilidad profunda sobre las bases doctrinarias del derecho penal positivo que refuerza  en gran sentido la legitimación del monopolio de la fuerza y la violencia  del aparato estatal burgués.

Es menester recordar que el monopolio de la violencia esta demarcado fronterizamente por las barreras del principio de legalidad. El mismo principio que valida toda violencia que derive desde el estado y castiga a estocada limpia a aquella que emana fuera de sus fronteras.

En realidad, gran parte de las relaciones sociales de producción están moduladas rotundamente por los dispositivos normativos, generando obligaciones jurídicas positivas de comportamiento para los agentes sociales que constituyen la ciudadanía. Además, son las mismas reglas jurídicas de juego que nos generan ciertas instancias de permisibilidad dentro del diagrama social.

Sin embargo, ¿Qué objetivos visibles y oscuros revisten la finalidad de las normas jurídicas dentro de un determinado estado burgués? ¿O cuál es la razón clave de la invisibilidad de ciertas finalidades que reposan bajo la sombra de lo ciertamente visible? ¿A qué intereses responden en la realidad y no solo en el plano abstracto? Ciertamente, en la medida que ahondo mis cavilaciones siempre me rebota la idea en la mente que me invita a entender primero contra quien lucha de manera nominal y real la norma jurídica de un estado aliado con la burguesía. Y me resulta imposible también no llegar a la conclusión de que el gran enemigo nominal es la injusticia, pero el verdadero enemigo es su antítesis en el más ancho y ahondado sentido del término.

Probablemente suene descabellado esta última declaración, pero si nos despojamos de las promesas gubernamentales injertadas en los diversos dispositivos normativos capitales como los ordenamientos jurídicos constitucionales y penales, por ejemplo, y nos enfocamos a visibilizar la realidad nacional sin esos cantos de sirena en torno a nuestra inteligibilidad gestada en función al sentido común, probablemente para la mayoría de peruanos  casi todos estemos saturados de muchas tragedias de múltiples índoles: cultural, económica, jurídica, educativa, burocrática, etc. Siendo aquellas mismas tragedias que terminan negando desde la praxis, desde los hechos reales legítimos  o no; aquellos   derechos constitucionales y humanitarios reducido a criterios meramente abstractos.

Sin embargo, el gran éxito de un estado que coexiste con la burguesía radica ante todo en alimentar la ilusión colectiva de que esos derechos sí funcionan en la realidad. Y para eso se sirven de sus aparatos ideológicos para promover una ingente campaña de difusión social acerca de cómo “respetan los derechos humanos”, “el derecho a la vida” o “la cristalización del bien común con sus políticas públicas”.

Si nos atrevemos a constatar el número de beneficiados por sus “eficientes políticas públicas” solo representa a un porcentaje muy reducido del total de habitantes. Es decir, la mayoría del total de agentes sociales convive diariamente con diversos problemas sociales y económicos que suspende su oportunidad para desarrollar aquellos derechos jurídicos. He ahí la quinta esencia del estado burgués basado en exclusividad de la vigencia de un doble discurso en donde disimular es el gran arte por excelencia.

Esta serie de sucesos me llevó a reflexionar sobre qué elementos doctrinarios dan sentido vital al poder avasallador que tienen las normas jurídica sobre el resto de la ciudadanía. Y esto me llevó a pensar en los sólidos aportes de algunas mentes del contractualismo como Hobbes, cuya visión sobre el estado de naturaleza violentista se inspiró en las atrocidades de la misma clase social que actualmente utiliza ese mismo discurso para buscar la “paz y la justicia social”. O en los aportes del Contrato Social de Rousseau, que lastimosamente la realidad jurídica moderna está muy lejana de sus ideales.

Ni que decir en una etapa más moderna, donde doctrinarios pro sistema como Jakobs gozan de una presencia tutelar en las facultades de derecho en gran parte de países de Latinoamérica. El mismo teórico del funcionalismo penal, que partiendo filosóficamente de las ideas hegelianas sobre el derecho, entendía que la voluntad general del pueblo y el derecho jurídico positivo se pueden confundir entre sí y en el fondo pueden explicarse como cosas muy similares.Solo basta entender la naturaleza de su concepción del delito escindiendo ante todo las imbricaciones doctrinarias de Niklas Luhmann  Sin embargo, las realidades históricas se han encargado de desacreditar con creces esas visiones tan idealistas. Pues evidentes ejemplos históricos acerca de la disonancia entre la voluntad general popular y las normas jurídicas, se ejemplifica en las innumerables huelgas encabezadas por las capas subalternas desencadenando una serie de presiones sociales para transfigurar las obligaciones jurídicas positivas y conquistar muchas veces derechos perdidos a lo largo del tiempo.

Recordemos aquella receta jurídica de Hart que postulaba la transmutación de las obligaciones y deberes jurídicos positivos en respuesta de las presiones sociales que se independizan de manera relativa de los marcos institucionales del Estado.Sin duda,un formula teórica que se desvanece en las tinieblas del olvido de muchos voceros jurídicos que determinados por el ''sentido común'' suelen inconscientemente reforzar la maquinaria de dominación cultural y económica. 

El caso más cercano y rimbombante en la línea temporal fue en Chile en el 2019, donde miles de personas salieron a ocupar las calles para manifestar su rechazo al derecho positivo constitucional gestado en las entrañas de la horrorosa dictadura de Pinochet. ¿Dónde quedó ahí la consonancia entre el derecho positivo y la voluntad general,  en la práctica tal como lo plantea Jakobs y Hegel? Creo ante todo que una respuesta a estas alturas sería una perogrullada.

Finalmente, estoy cabalmente convencido que para evitar ser engañados por la propaganda burguesa debemos ante todo evaluar en primer orden los hechos tangibles, las realidades, los sufrimientos humanos y de la Madre Tierra para luego recién determinar con fundamentos si aquellos derechos jurídicos son válidos o no. Evitando ante todo evaluar la facticidad de una determinada teoría, desde sus elucubraciones abstractas sin que se contraste con el plano ontológico. Probablemente, el mejor modo debe poner en cuestionamiento los efectos del productivismo disputando espacios donde la ideología tiene un protagonismo determinante. Es decir, la desnaturalización de la ideología totalizante es el método de ruptura por eficiencia contra los lazos más recurrentes de dominación social. En otras palabras, la duda incisiva puede servir para reinventarnos y emanciparnos de la jaula cultural del neoliberalismo.Y por ende, conquistar la verdadera libertad antropocéntrica que nos fue arrebatada cruelmente por los azares de la historia nacional y mundial.

Luis David Fernández.

De la soberanía alimentaria a la ecología de saberes - El debate epistemológico en relación a la expropiación de Vicentin.

El anuncio del Gobierno sobre la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin, despertó debates en relación a nuestro modelo político y económico actual. Sobre todo, porque pone en discusión nuestra estructura productiva en relación al concepto de Soberanía Alimentaria.

¿Pero por qué también es necesario un debate epistemológico? Cuál es la relación de la epistemología con la expropiación de Vicentin.

Según la VIA CAMPESINA, el movimiento campesino internacional, la soberanía alimentaria es un “DERECHO de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a DECIDIR sobre su propio sistema alimentario y productivo” (A)

Sin embargo, en nuestro país esto no se cumple. En Argentina, según el libro de Tierra Arrasada de Darío Aranda “El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones” (B). Esto teniendo en cuenta que el último año el 78% de las exportaciones agrícolas se han concentrado en pocos cultivos básicos, relacionados a la soja.

Asimismo también plantea el científico Andrés Carrasco “en Argentina tenemos un modelo de producción que no es soberano. No lo es en minería, en agricultura, en energía. Lo están decidiendo otros.” ©

Estos datos reflejan la concentración productiva que se genera en relación a la producción de alimentos de nuestro país, sin embargo, problematizar el modelo productivo también nos propone pensar sobre la perspectiva del conocimiento científico y su relación con el modelo agropecuario sobre todo si queremos discutir la “Soberanía Alimentaria” en nuestra región. 

En este sentido sostiene Marcos Filardi, de la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, que “La soberanía alimentaria como sabemos es un paradigma contrapuesto al modelo agroindustrial dominante y hasta ahora Vicentin es un emblema del sistema dominante. Si esta empresa se pone al servicio de la soberanía alimentaria las reglas del juego pueden cambiar” (D)

Sin embargo, actualmente nuestro paradigma científico defiende un modelo extractivista en el cual predomina el uso masivo de agrotóxicos sobre los territorios rurales, los agrotóxicos entendidos como venenos que se usan para disminuir la presencia de insectos y otros seres vivos sobre las plantaciones. Pero este modelo inexorablemente atenta contra el crecimiento natural de nuestras tierras, derivando en un proceso de tierras desechadas por el monocultivo, desalojos rurales para la instalación de las corporaciones en ese territorio como también aguas y napas contaminadas que terminan repercutiendo en la salud de los habitantes de pueblos aledaños.

Las lógicas productivas de nuestro sector agropecuario responden a un modelo de desarrollo capitalista que exige que se produzca más, sin medir las consecuencias ni la calidad de los productos que se producen, con el fin de alcanzar los objetivos financieros de los sectores concentrados de la economía. Sobre todo, si tenemos en cuenta que gran parte de nuestro desarrollo económico, se rige por divisas provenientes de estos sectores agroexportadores.

En relación a esto Eduardo Gudynas plantea que “se manipula y apropia la Naturaleza como condición y necesidad para atender requerimientos cuya meta es el progreso perpetuo. La Naturaleza resulta tan disminuida que queda reducida, en los primeros estudios de economía, al mero factor de producción “tierra”. Se considera a los recursos naturales como ilimitados y tan solo se requiere encontrar sus paraderos para enseguida explotarlos” (E)

En contraposición a esta situación, el autor Boaventura De Sousa Santos, nos propone pensar alternativas emancipadoras a las lógicas productivas del modelo capitalista sobre todo porque al autor considera que actualmente existe en la epistemología occidental moderna, un pensamiento único que repercute en nuestra forma de pensar las políticas públicas en relación al desarrollo productivo.  El autor sostiene que debemos construir un pensamiento epistemológico desde la mirada los sectores populares de nuestra región. Una sociología insurgente que nos proponga desarrollar una “ecología de saberes” donde se convivan democráticamente distintas formas de conocimiento.

El sociólogo plantea que para contraponerse al paradigma de la “monocultura del productivismo” es sumamente importante poder entender la “ecología de saberes” desde una mirada contrahegemónica. Pensar la soberanía alimentaria, desde esta perspectiva, nos propone revalorizar los sistemas alternativos de producción agroecológica de los movimientos de campesinos y de la economía popular. En donde, las políticas públicas además pongan en debate, la democratización de las tierras, la agricultura familiar y campesina, y el derecho de los consumidores a acceder a alimentos saludables.

Por lo cual, desde la UTT, plantean “Hay que hacer una convocatoria al otro campo, ese del foro agrario y popular, una convocatoria de pequeños y medianos productores extensivos y de cereales en la Argentina, para pensar juntos como salir adelante con Vicentin. No sirve de nada que entren divisas si están manchadas con el envenenamiento de pueblos rurales, familias y de nuestros suelos. Esos esquemas hay que pensar”. (F)

En conclusión, pensar un panorama emancipador soberano, sobre la intervención de Vicentin, es un desafío complejo entre un entramado de intereses políticos y empresariales, que pugnan para sostener un modelo establecido. Pero también pensar lo epistemológico en relación a esto, es pensar otra forma de concebirnos como territorio y nuestra relación con la soberanía alimentaria. Por eso mismo, para llevar adelante este proceso según el científico Andrés Carrasco “La palabra es emancipación. Emanciparnos de modelos de pensamiento o epistemas que nos convierten en imitadores, en subordinados a formas de pensamiento único. El pensamiento crítico es el que deja de obedecer, el que pone una duda: ¿el pensamiento único es el correcto, o lo están imponiendo para que no pensemos de otra manera? Si compramos esa idea de pensamiento único, que ya es un modelo civilizatorio, perdemos la libertad de tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestro futuro”. (G)

REFERENCIAS

A – “Que es a Soberanía Alimentaria”                                                    https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/

B - “«Tierra arrasada», de Darío Aranda”

https://www.periodismo.com/blog/2015/07/14/adelanto-de-tierra-arrasada-de-dario-aranda/

C – “Ciencia más allá de la pandemia: la voz de Carrasco y una nueva publicación” https://www.lavaca.org/portada/ciencia-digna-la-voz-de-carrasco-y-una-nueva-publicacion/

D – “¿Soberanía alimentaria o agronegocios?”                         https://www.anred.org/2020/06/11/soberania-alimentaria-o-agronegocios/

E- Gudynas, Rubén – Cap. 1 “Naturaleza y Desarrollo en América Latina” –                          “Ecología, Economía y ética del desarrollo sustentable”

F- “¿Soberanía alimentaria o agronegocios?”                     https://www.anred.org/2020/06/11/soberania-alimentaria-o-agronegocios/

G - “Ciencia más allá de la pandemia: la voz de Carrasco y una nueva publicación” https://www.lavaca.org/portada/ciencia-digna-la-voz-de-carrasco-y-una-nueva-publicacion/

OTRAS FUENTES CONSULTADAS

- de Sousa Santos, Boaventura. Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. En publicación: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Agosto. 2006.

- AGROTÓXICOS: DEL CAMPO AL CAMPOSANTO https://periodismoambiental.com.ar/agrotoxicos-del-campo-al-camposanto/

Lipihual, Maximiliano. 

Comunicador Social y Realizador Audiovisual independiente. 

Sin ministro de Salud: ¿Brasil podrá combatir la pandemia y sus problemas?

Paraisópolis, es un barrio ubicado en la Ciudad de Sao Paulo.

Por Jesús Rojas

Con un total de 955.377 casos confirmados y 46.510 muertos por Covid-19, según los últimos datos oficiales. Brasil es un país donde la pobreza y la desigualdad son estructurales, solo que ahora estos problemas se agudizan con el Covid-19.

Muchos consideran que Brasil tiene la característica de ser “grande”, se ubica en el quinto lugar en cuanto a extensión. ¿Un país que no puede resolver su crisis puede ser “grande”? Desde que comenzó la crisis provocada por el Covid-19, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro optó por negar la pandemia y calificó a la enfermedad de una simple “gripecita”.

Con un total de 955.377 casos confirmados y 46.510 muertos por Covid-19, según los últimos datos oficiales. A pesar de esas cifras Bolsonaro sigue rechazando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca de la necesidad del aislamiento social. Y ahora es el país ubicado en el segundo lugar en el mundo con más muertos y contagiados, detrás de Estados Unidos. 

Mientras empeora la situación sanitaria en Brasil, Bolsonaro, ya no rechaza los consejos de la OMS, sino que ahora la acusa de haber puesto un plan en marcha para “quebrar” la economía brasilera, ante el llamado a mantener la cuarentena como medida para evitar que se propague la pandemia.

Ante esa falta de respuestas para combatir la pandemia en algunos asentamientos y favelas los narcotraficantes actuaron e impusieron el toque de queda a partir de las ocho de la noche. Durante el día se restringió la circulación a todos los que no tienen necesidad de salir a trabajar. En Cidade de Deus, una de las favelas más famosas de Río de Janeiro, los narcos hacen sonar una sirena muy potente para marcar el momento en que todos deben volver a sus precarias casas.

Ante este panorama, en Brasil están tratando de activar el turismo para evitar consecuencias socioeconómicas, debido a que el presidente muestra más preocupación por la economía que por la pandemia. ¿Esto podrá favorecer o perjudicar a los brasileros? Podemos mencionar que Estados Unidos prohibió la entrada de personas que han estado en Brasil y la Unión Europea no permitirá la entrada de aquellos que viven en lugares donde la pandemia no está mínimamente controlada. 

Existen varios factores del porqué Brasil no puede combatir la crisis sanitaria. Una se debe a que el ministro interino de Salud, es el general Eduardo Pazuello, un hombre sin experiencia en el área. Cabe mencionar que los ex ministros Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich defendían la posición de que se realicen la cuarentena para combatir la pandemia, pero sus discrepancias con el presidente Bolsonaro provocó que se alejaran de sus cargos.

Jeane Genuino, docente en Sao Paulo, nos cuenta que “Bolsonaro no está tomando medidas para combatir el covid-19. Brasil al ser un país federal los estados tienen determinada autonomía lo cual hace que los gobernadores puedan actuar”. Y agrega que “no existe un plan nacional dirigido por el presidente, sino que cada estado resuelve la pandemia como puede”. 

Mientras la pandemia está latente, en Brasil se aprobó la proposición de ley que permite la suspensión temporal y la reducción de la jornada laboral, así como de los salarios mientras dure la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. El objetivo de esta medida es prolongarlo hasta final de año para que no perjudique los intereses del empresariado, pero sí el de los trabajadores. 

Brasil es un país donde la pobreza y la desigualdad son estructurales, solo que ahora estos problemas se agudizan con el Covid-19. Durante los pocos años del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), el país tuvo superávit comercial, y pudo sacar a más de 50 millones de personas de la extrema pobreza. A pesar de ese avance siguió manteniendo los problemas como el narcotráfico, la corrupción y la falta de distribución de tierra; lo cual hace que sigan siendo los indígenas y negros que viven en las favelas los que más padecen las consecuencias de la pandemia.

La indigencia se normalizó en Brasil. Estación luz, en Sao Paulo.

La crisis que atraviesa Brasil también se expresa en que el ministro de Educación Abraham Weintraub, en compañía de Bolsonaro, anunció su renuncia sin discutir su salida del ministerio.  “Recibí la invitación para ser director del Banco Mundial. He sido director de banco en el pasado. Vuelvo al mismo puesto, pero en el Banco Mundial”, dijo Weintraub.

Más allá de la renuncia del ministro de Educación, es difícil acceder a la educación debido a la desigualdad social. Genuino nos detalló que “tanto en las instituciones particulares como públicas la enseñanza se viene desarrollando virtualmente por intermedio de aplicativos disponibles que brindan las casas de estudios. Pero acá hay un problema muy grande porque hay un número importante de personas que no tiene acceso a internet o no tienen celular”. 

También en Brasil no se da marcha atrás al extractivismo y eso se demuestra como en tiempos de pandemia la actividad no se frena. Un estudio divulgado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), muestra como la Amazonía brasileña perdió 10.129 kilómetros cuadrados de su cobertura vegetal entre agosto de 2018 y julio de 2019. Esto supone el mayor nivel de deforestación para un año desde el 2008.

Con respecto al Supremo Tribunal Federal (STF), en Brasil se decidió continuar con la investigación de una asociación ilícita de fake news y se ordenó el allanamiento de las oficinas y viviendas de un diputado nacional y dos empresarios aliados del mandatario. El objetivo es encontrar quién está detrás de la organización y el financiamiento de los actos masivos que se llevan adelante contra las instituciones democráticas en medio de la pandemia.

Cabe mencionar que el presidente ha participado de varios eventos en el cual se pedía la intervención militar para derrocar el STF y el Congreso. Bolsonaro ante la decisión de STF lo acusó de haber “abusado” con la investigación. Esto lo hizo en respuesta a la investigación abierta por la fiscalía de Brasilia que lleva adelante el juez Alexandre de Moraes, sobre articulaciones en redes sociales que forman parte de organizaciones de manifestaciones que piden un golpe militar.

Con respecto a las fake news, para el periodista de Belo Horizonte, Jefferson Perdigao, “la gente accede a las redes sociales y logra a percibir que la mayoría de las noticias son falsas y es en ese lugar en el cual se propagan”. Y agregó que “a partir del 2016, con el golpe de estado a la ex presidenta Dilma Rousseff, comienza el trabajo más fuerte de difusión".

Por otro lado, Perdigao mencionó que los hijos de Bolsonaro están “investigados” y tienen varias denuncias por “difundir” noticias falsas. “Nosotros esperamos que pospandemia tengamos un gobierno democrático que no tenga la idea de dar un golpe de estado como es el pensamiento del actual presidente”, expresó.

Este último domingo, en varias ciudades de Brasil como Sao Paulo, Brasilia o Porto Alegre, se realizaron manifestaciones de partidarios y opositores del presidente. El ejemplo de Bolsonaro es seguir saliendo a la calle y realizar actos en el cual se pide volver a la dictadura, y lo hace en su mayoría de veces sin barbijo, y sin respetar el distanciamiento social recomendado por los especialistas en salud.

Brasil desde el gobierno de Getúlio Vargas sigue manteniendo el proyecto de un Estado nacionalista, industrializador y desarrollista. Se podría decir que ese modelo se siguió manteniendo firme hasta la actualidad, a pesar de haber sufrido dictadura (1964 – 1985). ¿Seguirá existiendo un acuerdo para que el modelo de desarrollo perduré en el gobierno de Bolsonaro o la crisis de Brasil generará un viraje? ¿El presidente podrá seguir mirando para otro lado ante el incremento de muertos y contagiados? ¿Se podrá discutir un impuesto a la riqueza para que la crisis no recaía solo en los trabajadores?

Es una respuesta que solo lo podrá dar el pueblo brasilero que en estos tiempos de pandemia se viene expresando, pero a la vez demuestra que se va alejando de ese sueño de “grandeza” al cual creen que es su destino. Salir de la pandemia en Brasil es una incertidumbre debido a que el gobierno no busca resolver el problema, sino que se adentra a ella.

Jesús Rojas. Periodista

Referencias:

“El grave problema que tendrá que enfrentar Brasil en la pospandemia”. (18/06/2020). Sputnik Mundo.

Sierra, Gustavo. (04/04/2020). “Trump y los narcos de las favelas, los inesperados rescatistas de los brasileños”. Infobae.

¿En qué momento se jodió el Peru?

Por Gonzalo Manuel Ballón

Una de las preguntas más frecuentes que se realizan en el Perú, es la que hace el escritor, Mario Vargas Llosa, en una de las mejores novelas escritas en lengua española: “Conversación en la Catedral”. ¿Cuándo se jodió el Perú? Puede que Vargas Llosa nunca supo que esa pregunta fue respondida por el gran José Carlos Mariátegui, “El Amauta”, 41 años antes de la primera edición de esa mítica novela.

Mariátegui, en su obra: “Los 7 Ensayos de la Realidad Peruana”, desnuda la trágica historia del país andino, que abarca desde el floreciente imperio Inca, la terrible conquista española, el proceso independentista y la República de principios del siglo XX. El Amauta destaca el eficaz sistema económico del incanato y hace referencia a la incapacidad de la corona española para encontrar un sistema económico que pudiera reemplazar el rumbo que ellos destruyeron.

Pero el análisis de Mariátegui consigue apreciar la segunda oportunidad. Esa oportunidad perdida en el proceso de independencia, en el momento en que se construía el Perú que conocemos ahora. Para este autor, el proyecto independentista no se construyó a través de un proceso indígena, sino que fueron los criollos y españoles que vivían en el Perú, los que promovieron este movimiento utilizando la fuerza indígena.

La independencia de América trajo consigo la construcción de una nueva clase social, los burgueses. Ese grupo de personas deseosas de comerciar, trabajar y amasar capitales, que tanto crecimiento económico trajo a los países del Norte. Lamentablemente, el proceso peruano fue muy distinto. Los sectores de la aristocracia del virreinato, esa clase ociosa e inoperante, acostumbrada a vivir del trabajo ajeno, fue la que mutó como clase burguesa en nuestro país.

Esta aristocracia latifundista, conservó los privilegios que le dio la corona española y aunque se decretaron leyes en favor de los derechos de nuestros indígenas, fue este mismo sistema el que impidió que se cumplan. Este abuso contra los mismos peruanos es un agravio mucho peor que el que nos hizo España. El virreinato era un régimen medieval y extranjero, las desigualdades que viven los peruanos en la actualidad, se dan en un régimen nacional y liberal.

De aquí en más, es muy fácil seguir décadas de decisiones basada en intereses de sectores reducidos. Cuando te pregunten ¿En qué momento se jodió el Perú? Ya sabes que se jodió desde el primer día en que decidieron quién toma las decisiones en ese país.  

Gonzalo Manuel Ballón.
Periodista y Docente en Comunicación Social